En España, la participación activa de personas no profesionales en la investigación tiene múltiples impactos, entre ellos políticos, que van más allá de los ámbitos específicos (salud, medioambiente, retos sociales, etc.) donde se desarrollan los proyectos. La ciencia ciudadana en España ha llegado a integrarse en estrategias, incentivos e instituciones de los sistemas de ciencia e innovación.

Esta integración no implica una absorción de la ciencia ciudadana por parte de instituciones, sean académicas o políticas. Al contrario, se trata de una institucionalización en sentido amplio que refleja una interacción bidireccional, o mejor, una coevolución entre las prácticas ciudadanas y las políticas públicas. Por un lado, las iniciativas generan evidencias que pueden informar decisiones administrativas a lo largo del ciclo político (ciencia ciudadana para las políticas). Por otro lado, el reconocimiento institucional adapta o crea reglas y recursos que pueden favorecer la continuidad y autonomía de estas prácticas (políticas para la ciencia ciudadana).

Aunque el término sea contemporáneo, la ciencia ciudadana tiene siglos de recorrido, también en España. Algunos ejemplos son: las Relaciones Topográficas impulsadas por Felipe II en 1575, el Diccionario de Pascual Madoz en el siglo XIX, las redes voluntarias de observación meteorológica, fenológica y ornitológica del siglo XX, además de innumerables acciones que deben seguir identificándose. Así, los antecedentes históricos de investigación ciudadana en España han sido una clave principal en su evolución y desarrollo actual.

El salto hacia la articulación nacional comenzó a principios del siglo XXI con hitos entre los que se destacan: el éxito de los proyectos Zivis e Ibercivis, por el BIFI de la Universidad de Zaragoza y el CIEMAT desde 2006, que desembocó en la constitución de la Fundación Ibercivis (2011) bajo el impulso de su patronato constituido por el CSIC, el CIEMAT, el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (bajo distintas denominaciones); el trabajo de Medialab-Prado Madrid (2007) junto con cientos de agentes multisectoriales; las investigaciones del grupo OpenSystems de la Universitat de Barcelona (2012); el impulso institucional del CSIC, ya desde su temprano apoyo a Ibercivis –y a toda la comunidad de ciencia ciudadana en España– ya desde sus propias investigaciones.

Dado que los proyectos aislados rara vez acceden a los espacios donde se diseñan las políticas, estas organizaciones y otras, trabajando coordinadamente, actuaron como intermediarios sistémicos: conectaron iniciativas dispersas, impulsaron infraestructuras compartidas, comenzaron a crear una comunidad nacional de ciencia ciudadana en red. El Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España lanzado en 2016 por Ibercivis con colaboración de FECYT impulsó la visibilización de iniciativas en España y la creación de la comunidad. Partiendo de su experiencia Ibercivis desarrolló la plataforma europea (citizenscience.eu), que está siendo adaptada por otras entidades y países. FECYT e Ibercivis coordinaron distintos planes de impulso entre 2017 y 2019 junto con cientos de agentes en España trabajando en ciencia ciudadana con o sin ese nombre. Simultáneamente la financiación pública maduraba. Tras su inclusión en las convocatorias de cultura científica de la FECYT en 2013, la ciencia ciudadana obtuvo una línea específica de financiación en 2019 y proyectos singulares bienales en 2022, reconociendo que generar conocimiento riguroso, construir confianza y comunidades estables requiere plazos más largos.

Entre 2020 y 2024 llegó la codificación normativa nacional, incluyéndose la ciencia ciudadana de modo explícito en la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (2021-2027), la reforma de la Ley de la Ciencia (Ley 17/2022), la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU, Ley Orgánica 2/2023) y la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta (ENCA) 2023-2027. Un giro relevante se produjo en la evaluación: en sintonía con la reforma europea CoARA, los criterios de sexenios de la CNEAI (2023), las acreditaciones docentes de la ANECA (Real Decreto 678/2023 y criterios de 2024) y su marco de transferencia e intercambio de conocimiento (2025) reconocen ya la ciencia ciudadana como mérito investigador y de valor social, algo de enorme relevancia para reconocer íntegramente el trabajo académico y, a la vez, para entender que ese mérito está ligado a la colaboración ciudadana. La transferencia de conocimiento no es siempre unidireccional: implica también intercambio.

El caso de España muestra cómo la ciencia ciudadana puede influir en la propia organización de la investigación, contribuyendo a cambiar sus reglas, recursos, relaciones y sistemas de evaluación. Consolidar este avance exige ahora dotar de mayor estabilidad a las redes de coordinación y afianzar infraestructuras permanentes, algo que el proyecto RIECS-Concept (liderado por Ibercivis y con el CSIC entre sus doce socios) está abordando mediante el diseño de una infraestructura europea de investigación basada en recursos compartidos, estándares de calidad, protocolos éticos e interoperabilidad técnica para que la ciencia ciudadana se desarrolle de modo excelente, en todas sus dimensiones, y como un componente estable del Espacio Europeo de Investigación.

Pelacho, M., Sanz-García, F., Serrano-Sanz, F., Paneque-Salgado, P., Bautista-Puig, N. and Leza, M. 2026. Evaluating the System-Level Policy Impact of Citizen Science in Spain: The Co-Evolution of Citizen Science Practices and Research and Innovation Policy. Citizen Science: Theory and Practice, 11(1): 48, pp. 1–15. DOI: https://doi.org/10.5334/cstp.1017